Las 13 caras de ETA (XII): Roberto Lebrero Panizo

Capítulo 1: Iker Aguirre Bernadal
Capítulo 2: Javier Aguirre Odriozola
Capítulo 3: Gurutz Aguirresarobe Pagola
Capítulo 4: Iñaki Arakama Mendia
Capítulo 5: Asier Arzalluz Goñi
Capítulo 6: Arkaitz Bellón Blanco
Capítulo 7: Juan María Etxabarri Garro
Capítulo 8: Garikoitz Etxeberria Goikoetxea
Capítulo 9: Jesús Goikoetxea Garralda
Capítulo 10: Manuel González Rodríguez
Capítulo 11: Juan Lorenzo Lasa Mitxelena 

Capítulo 12: Roberto Lebrero Panizo

Los muros de Sevilla II ocultan a uno de los presos más sanguinarios de ETA. Roberto Lebrero Panizo, condenado a cerca de cien años de cárcel, afronta actualmente su pena en la prisión de Morón de la Frontera. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron en 2001, tras escaparse anteriormente de la Policía en una operación previa. Él es el duodécimo rostro de la banda en territorio hispalense.

Uno de sus atentados más crueles ocurrió el 27 de septiembre de 2001. Tal y como consideró probado la Audiencia Nacional (AN), Lebrero y otro integrante del comando Haitza colocaron una bomba en la discoteca Universal de Lacuntza (Navarra). Los terroristas redujeron al vigilante de seguridad, le taparon la cabeza con una capucha y lo llevaron hasta una zona boscosa. Entonces, los etarras depositaron en el establecimiento tres mochilas con artefactos explosivos: en la pista de baile central, en el vestíbulo y en el lateral izquierdo del local.

Afortunadamente, el guarda consiguió desatarse y avisar al propietario del negocio; así como a la Guardia Civil. De esta forma, la discoteca se encontraba vacía cuando las bombas estallaron sobre la 01:00 horas de la madrugada. La explosión provocó daños por valor de 889.000 euros. Por todo ello, a finales de 2011, los magistrados de la AN condenaron a Lebrero a 25 años de cárcel, por la comisión de los delitos de estragos terroristas y detención ilegal.

Paralelamente, Panizo acumula otros 71 años de prisión por sentencias previas. Así, la Justicia española ya le había condenado previamente por pertenencia a banda armada, depósito de armas, robo de vehículo, falsedad de documento público y depósito de armas y explosivos. De hecho, en el momento de su arresto, las fuerzas de seguridad relacionaban al etarra con tres atentados con bomba durante su pertenencia al comando Ustagui: la colocación de artefactos explosivos junto a la comisaría de Miranda del Ebro y en dos oficinas de Caja Vital en Vitoria.

Fotografía de la asociación Duque de Ahumada

Las 13 caras de ETA (IX): Jesús Goikoetxea Garralda

Capítulo 1: Iker Aguirre Bernadal
Capítulo 2: Javier Aguirre Odriozola
Capítulo 3: Gurutz Aguirresarobe Pagola
Capítulo 4: Iñaki Arakama Mendia
Capítulo 5: Asier Arzalluz Goñi
Capítulo 6: Arkaitz Bellón Blanco
Capítulo 7: Juan María Etxabarri Garro
Capítulo 8: Garikoitz Etxeberria Goikoetxea 

Capítulo 9: Jesús Goikoetxea Garralda

Entre los rostros de ETA en la provincia hispalense se encuentra el de Jesús Goikoetxea Garralda, condenado por la Audiencia Nacional (AN) a 19 años de cárcel. El terrorista cumple su pena en la prisión de Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera. El tribunal dictó sentencia contra él por pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y falsificación de placas de matrícula.

Goikoetxea integró el comando Xoxua, dedicado a la obtención de información sobre inmuebles públicos y especializado también en el manejo de explosivos contra dichos edificios (además de contra entidades bancarias, torres de alta tensión y vías férreas). De hecho, las fuerzas de seguridad registraron el 14 de junio de 2001 un trastero de la calle Doctor Córdoba de Mondragón (Guipúzcoa). La Policía encontró allí bastante material para la fabricación de bombas y manuales sobre la colocación de los artefactos.

Paralelamente, la AN también condenó a Garralda a otros 15 años y seis meses de prisión por su supuesta participación en el atentado de la Torre de Logroño en 2001. Una sentencia anulada posteriormente por el Tribunal Supremo, que declaró su absolución por falta de pruebas.

Imagen de la asociación Duque de Ahumada de la Guardia Civil

Deniegan la nacionalidad española a un maltratador

Los magistrados de la Audiencia Nacional (AN) denegaron la nacionalidad española a un ciudadano marroquí, condenado previamente por un delito de violencia de género. De esta forma, los jueces ratificaron la decisión anterior del Ministerio de Justicia; que ya rechazó la solicitud del magrebí al “no haber justificado suficientemente una buena conducta cívica”. El tribunal consideró clave la existencia de una sentencia del Juzgado de la Penal número 10 de Sevilla, que dictaminó en 2005 la imposición de una pena de un año y nueve meses de cárcel por un delito de lesiones y una falta de amenazas contra su esposa.

La Justicia española consideró probado que la relación del marroquí con su mujer se encontraba deteriorada por la “conducta agresiva” del hombre. Así, el pasado 12 de octubre de 2004, este individuo comenzó a insultar a su esposa en el domicilio familiar (en presencia de sus hijos, menores de edad). El condenado afirmó que “pagaría a alguien para que la matara o incluso él mismo lo haría”. Unas palabras que continuaron con una fuerte discusión y la agresión a la mujer. El magrebí la agarró por el cuello y la golpeó en diversas partes del cuerpo, causándole lesiones en la región cervical y el brazo izquierdo; así como la fractura de un dedo de la mano izquierda.

“Obviamente, los indicados hechos no se corresponden en absoluto con el estándar medio de conducta cívica de un ciudadano de nuestro país”, apuntaron desde la Audiencia Nacional. Los magistrados incidieron en que la gravedad de las infracciones penales justifican la negativa a la concesión de nacionalidad. Además, paralelamente, el Ministerio de Justicia también desestimó la solicitud del magrebí porque, según destacó en su resolución, hablaba español “deficientemente”, mantenía actitudes contrarias a la igualdad de género e ignoraba las instituciones básicas del Estado y Comunidades Autónomas. “No conocía aquella en la que residía”, concluyeron desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La AN deniega el asilo a un desplazado por la guerra

La Audiencia Nacional (AN) denegó el asilo a un ciudadano de Costa de Marfil, que solicitó la acogida en España el pasado 29 de junio de 2010 y cuyo expediente ya fue denegado por el Subsecretario de Interior el 8 de noviembre de dicho ejercicio. El africano presentó su petición en la Brigada Provincial de Extranjería de Sevilla, donde aportó su pasaporte, certificado de identidad y nacionalidad. Y, paralelamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados inició el estudio de su documentación.

El afectado expuso que el 20 de agosto de 2005 su localidad, Lokosso, resultó bombardeada; que perdió el contacto con su familia y tuvo que trasladarse a Guinea; que tenía miedo y que abandonó el ejército. A pesar de ello, la Audiencia Nacional destacó que no concurren los requisitos contemplados en la Convención de Ginebra. “El recurso no puede prosperar porque el recurrente no ha aportado elementos que permitan considerar que efectivamente sufra persecución o tenga fundados motivos a ser perseguido”, incidieron los magistrados de la AN.

Además, los jueces también valoraron la situación actual de Costa de Marfil. La Sala resaltó que el contexto local “cambió sustancialmente”, a raíz del camino emprendido por el nuevo presidente elegido el 6 de mayo de 2011. “El Gobierno costamarfileño, que controla la totalidad del territorio, ha emprendido medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves. No pudiendo considerarse que la inestabilidad afecte a la totalidad del país, siendo razonable esperar que el solicitante se pueda quedar en zonas o áreas en que la normalidad es más efectiva”, concluye la Audiencia Nacional.