El Ayuntamiento de Sevilla decidió expulsar a una familia de su domicilio, que había firmado un contrato de alquiler para una vivienda de Emvisesa, por cometer destrozos en las instalaciones comunitarias del edificio. La administración municipal informó al Defensor del Pueblo Andaluz –que se interesó por el caso tras recibir una queja de los afectados- que estas personas adeudaban al Consistorio 3.465,91 euros. Y, además, se habían “enganchado ilegalmente al suministro eléctrico”.
La madre se dirigió a la institución regional, liderada por José Chamizo, tras saber que Emvisesa optó por no renovar el contrato de arrendamiento. Entonces, en el escrito remitido al Defensor, la mujer alegó que sus ingresos resultaban insuficientes para afrontar los pagos pendientes de alquiler y que, por ello, “se veía en calle junto a sus cuatro hijos, menores de edad, y su madre que también vivía con ellos”.
El organismo andaluz se puso en contacto con el Ayuntamiento hispalense, que expuso las razones que justificaban su decisión. “En relación a esta inquilina se han recibido denuncias por problemas de convivencia, destrozos efectuados en las zonas comunes por las personas a su cargo, realquiler de la plaza de aparcamiento, etc.”, afirmaron desde el Consistorio.
A pesar de que el Defensor del Pueblo no se opuso a la no renovación del contrato, la institución sugirió que la administración local estudie la posibilidad de ofrecer a la familia otra vivienda de carácter público. “En todo caso, creemos que los Servicios Sociales contacten con esta familia para tutelar la normalización de la misma en lo que concierne a las relaciones de vecindad y mantenimiento de elementos comunes del inmueble”, concluyó Chamizo.
La madre se dirigió a la institución regional, liderada por José Chamizo, tras saber que Emvisesa optó por no renovar el contrato de arrendamiento. Entonces, en el escrito remitido al Defensor, la mujer alegó que sus ingresos resultaban insuficientes para afrontar los pagos pendientes de alquiler y que, por ello, “se veía en calle junto a sus cuatro hijos, menores de edad, y su madre que también vivía con ellos”.
El organismo andaluz se puso en contacto con el Ayuntamiento hispalense, que expuso las razones que justificaban su decisión. “En relación a esta inquilina se han recibido denuncias por problemas de convivencia, destrozos efectuados en las zonas comunes por las personas a su cargo, realquiler de la plaza de aparcamiento, etc.”, afirmaron desde el Consistorio.
A pesar de que el Defensor del Pueblo no se opuso a la no renovación del contrato, la institución sugirió que la administración local estudie la posibilidad de ofrecer a la familia otra vivienda de carácter público. “En todo caso, creemos que los Servicios Sociales contacten con esta familia para tutelar la normalización de la misma en lo que concierne a las relaciones de vecindad y mantenimiento de elementos comunes del inmueble”, concluyó Chamizo.
