La intensa batalla contra los veladores ilegales

El Ayuntamiento de Sevilla está dispuesto a plantarle cara a los veladores ilegales. Una dura batalla que se intensificó el pasado año y que, según los datos publicados por Diario de Sevilla, supuso el incremento del 102% de las sanciones impuestas a los propietarios de estas terrazas irregulares durante los tres primeros trimestres de 2011 y en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente. Pero, ¿funciona el sistema represivo? Un método basado en la imposición de pequeñas multas con carácter reiterativo; pero que, debido al extenso tiempo entre cada una, a los negocios les podría resultar más rentable pagar y continuar obviando la normativa.

Un último caso se produjo en la calle Placentines, donde la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobó sancionar a un café por la instalación de veladores sin licencia. Un conflicto que arrancó en 2010. En noviembre de ese año, el Ayuntamiento de Sevilla ya alertó al establecimiento que debía retirar las mesas.

Pero, en una inspección posterior de octubre de 2011, los técnicos del Consistorio comprobaron que el negocio continuaba funcionando con tres mesas, dos mesitas altas y cuatro macetones. A raíz de ello, la Gerencia de Urbanismo le impuso una multa de 600 euros y ordenó la inmediata retirada de la terraza. Nadie hizo caso.

Así, el bar persistió. Y la Policía Local informó ahora que los veladores continúan funcionando, tras comprobarlo durante una visita el 10 de mayo de 2012. Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió emitir una segunda sanción de 600 euros. Es decir, en dos años se han impuesto dos multas por un valor total de 1.200 euros.

Imagen de archivo de ABC.es de una terraza con veladores

“La deficiencia de la calzada era evitable”

Por el momento, no habrá indemnización. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla desestimó la reclamación de una mujer, M. R. T. P., que exigía el pago de 4.229,4 euros por los daños sufridos a causa del mal estado de la calzada de la avenida Ramón y Cajal. Una petición denegada por la administración municipal, que se mostró muy tajante al respecto: “Las deficiencias denunciadas eran perfectamente perceptibles y evitables si se deambula con una diligencia media que esté atento al estado del pavimento”.

Todo ello, por unos hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2007. La mujer descendió de su vehículo Ford Transit a la altura del número 51 de dicha avenida. Entonces, según expuso en su reclamación, debido a las grietas y fisuras existentes en la calzada se lesionó ambos tobillos: el izquierdo con un esguince de grado dos y el derecho con otro de grado uno.

A pesar de las pruebas presentadas por M. R. T. P., la Gerencia estimó que no quedó “suficientemente probada” la relación de causalidad entre las deficiencias del pavimento y los daños. “Además, la reclamante debió extremar las precauciones al transitar por un lugar no habilitado para ello, dado que el accidente se produce a las 10:00 horas. Es decir, a plena luz del día. Por lo que la deficiencia de la calzada era perfectamente perceptible y evitable con una atención mínima por parte de la reclamante”, concluyen desde el Ayuntamiento.

Multada por colocar un rótulo en la Constitución

La Gerencia de Urbanismo impuso por tercera vez una multa de 600 euros a una empresa que ha colocado un rótulo sin licencia en el número 9 de la avenida de la Constitución. Según recoge el dictamen del Ayuntamiento de Sevilla, el cartel presenta unas medidas de tres metros de largo; 0,60 metros de ancho; y 0,15 metros de grosor.

Un conflicto que se prolonga desde hace tiempo. De hecho, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ya instó en junio de 2009 a la compañía a retirar la instalación publicitaria por carecer del pertinente permiso. Posteriormente, en sucesivas inspecciones, los técnicos municipales comprobaron la continuidad del panel informativo. Y, por ello, el Consistorio dio luz verde a las tres sanciones.

Unas multas que proseguirán si la empresa no retira el cartel. “El incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas sanciones coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas y, en toco caso y como mínimo, de 600 euros”, señalaron desde la administración municipal.