Expulsada de su vivienda por destrozar la comunidad

El Ayuntamiento de Sevilla decidió expulsar a una familia de su domicilio, que había firmado un contrato de alquiler para una vivienda de Emvisesa,  por cometer destrozos en las instalaciones comunitarias del edificio. La administración municipal informó al Defensor del Pueblo Andaluz –que se interesó por el caso tras recibir una queja de los afectados- que estas personas adeudaban al Consistorio 3.465,91 euros. Y, además, se habían “enganchado ilegalmente al suministro eléctrico”.

La madre se dirigió a la institución regional, liderada por José Chamizo, tras saber que Emvisesa optó por no renovar el contrato de arrendamiento. Entonces, en el escrito remitido al Defensor, la mujer alegó que sus ingresos resultaban insuficientes para afrontar los pagos pendientes de alquiler y que, por ello, “se veía en calle junto a sus cuatro hijos, menores de edad, y su madre que también vivía con ellos”.

El organismo andaluz se puso en contacto con el Ayuntamiento hispalense, que expuso las razones que justificaban su decisión. “En relación a esta inquilina se han recibido denuncias por problemas de convivencia, destrozos efectuados en las zonas comunes por las personas a su cargo, realquiler de la plaza de aparcamiento, etc.”, afirmaron desde el Consistorio.

A pesar de que el Defensor del Pueblo no se opuso a la no renovación del contrato, la institución sugirió que la administración local estudie la posibilidad de ofrecer a la familia otra vivienda de carácter público. “En todo caso, creemos que los Servicios Sociales contacten con esta familia para tutelar la normalización de la misma en lo que concierne a las relaciones de vecindad y mantenimiento de elementos comunes del inmueble”, concluyó Chamizo.

Piden cambiar de casa por los destrozos de los vecinos

Un sevillano planteó al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, su intervención tras la negativa de Emvisesa a aceptar su petición de cambio de vivienda; después de que éste ciudadano denunciara continuos problemas de conflictividad con vecinos del bloque. La institución regional, una vez estudiado el caso, ha rechazado exigir medidas inmediatas al Consistorio; pero sí sugirió a la administración local la puesta en marcha de medidas de tutela social para normalizar la convivencia entre los residentes del edificio.

Según recogía la queja remitida a Chamizo, el demandante expuso que los residentes problemáticos destrozaban zonas comunes, no pagaban cuotas de la comunidad, robaban en instalaciones, ensuciaban y habían acometido enganches ilegales a suministros. Además, el Defensor del Pueblo también resaltó que agredieron a la esposa del solicitante.

Ante esta situación, la institución andaluza se dirigió al Ayuntamiento de Sevilla para pedir información. El Consistorio informó que ya había denunciado por vía judicial la ocupación ilegal de dos viviendas del bloque. Además, la administración explicó por qué no aceptó la solicitud de permuta de vivienda: “Él no es el único vecino que sufre las actuaciones de los inquilinos conflictivos, sino toda la promoción. Si desplazáramos a los afectados, acabaríamos creando auténticos guetos, y no solo no se resolverían los problemas denunciados, sino que se incrementaría la conflictividad vecinal, al concentrarse en ciertas zonas”.

Vivienda no paga prestaciones por falta de liquidez

La delegación provincial de la Junta en Sevilla reconoce al Defensor del 

Pueblo la inexistencia de fondos, tras una consulta por un caso de Brenes

La delegación provincial de Vivienda de la Junta en Sevilla ha reconocido ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que no ha abonado las ayudas del programa autonómico de Rehabilitación de Viviendas por falta de “liquidez general” de la administración regional. Así lo recoge una resolución del propio Chamizo, que preguntó al respecto a la Comunidad Autónoma tras recibir una queja de varias familias de Brenes.

Según expuso el Defensor del Pueblo, un vecino de dicha localidad detalló que el Ayuntamiento informó en 2011 que les habían concedido las prestaciones derivadas del plan de Rehabilitación de Viviviendas. “En su caso concreto y al igual que el resto de adjudicatarios de las ayudas, comenzó las obras en el verano de dicho año, con un plazo de ejecución de un mes”, explicó Chamizo. El Consistorio abonó un 50% de la subvención en octubre de ese ejercicio. Un pago que ya supuso un “retraso”, según la institución regional.

“Pero del otro 50 %, y a pesar del tiempo transcurrido desde que les dijeron que se lo iban a abonar, a finales del año 2011, no conocían cuándo iba a ocurrir pues el Ayuntamiento les decía que era competencia de la Consejería actual de Fomento y Vivienda”, apostillan desde el Defensor del Pueblo.

Ante esta situación de inseguridad administrativa, los reclamantes tramitaron una queja ante Chamizo. Éste, tras escuchar a las partes, instó a la Junta a “informar” a los perjudicados por el retraso de las prestaciones. “Indicándoles que la que la causa de que no se haya procedido al abono efectivo de la subvención, a la que tienen derecho, no es otra que la falta de liquidez de la Administración Autonómica. Con ello, si bien no se resuelve el problema de fondo, al menos, se les da seguridad jurídica sobre el estado de tramitación de su expediente”, concluyó la institución andaluza.

Chamizo respalda el corte de bicicletas en Asunción

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, respaldó la legalidad de la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla para restringir el tráfico de ciclistas por el carril-bici de la calle Asunción de 16:00 a 21:00 horas en días laborables y de 10:00 a 21:00 los sábados y domingos. De hecho, la institución regional se manifestó muy contundentemente al respecto: “El Consistorio es plenamente competente para adoptarla por más que se puede discrepar legítimamente de la misma”.

Chamizo se pronunció, a través de una resolución, tras recibir una queja de una asociación de la capital hispalense. Un colectivo que calificó la medida como “discriminatoria, precipitada, arbitraria, desproporcionada, injusta e ineficaz”. El grupo explicó al Defensor que esta iniciativa municipal suponía el “cierre definitivo” de la calle a los ciclistas, ya que la restricción se ejecutaba en las horas de mayor uso. Paralelamente, la entidad reclamante también criticó que el Ayuntamiento no estudiara medidas alternativas que garantizasen la movilidad segura de los usuarios de la bicicleta.

De esta forma, a pesar de que Chamizo defendió la legalidad de la decisión consistorial, el representante andaluz también instó al Gobierno sevillano a mantener encuentros con los colectivos afectados y a buscar el consenso cuando adopte medidas similares. “También venimos defendiendo la necesidad de avanzar en un modelo de movilidad sostenible que favorezca el uso de la bicicleta, sin detrimento de la seguridad y comodidad tanto de peatones como de ciclistas”, apostilló el Defensor del Pueblo, que también “recomendó” al Ayuntamiento el revisar la actual señalización del tramo de la calle Asunción para “evitar cualquier posible confusión”.

Imagen de Javier Díaz para El Correo de Andalucía