La delegación provincial de la Junta en Sevilla reconoce al Defensor del
Pueblo la inexistencia de fondos, tras una consulta por un caso de Brenes
La delegación provincial de Vivienda de la Junta en Sevilla ha reconocido ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que no ha abonado las ayudas del programa autonómico de Rehabilitación de Viviendas por falta de “liquidez general” de la administración regional. Así lo recoge una resolución del propio Chamizo, que preguntó al respecto a la Comunidad Autónoma tras recibir una queja de varias familias de Brenes.
Según expuso el Defensor del Pueblo, un vecino de dicha localidad detalló que el Ayuntamiento informó en 2011 que les habían concedido las prestaciones derivadas del plan de Rehabilitación de Viviviendas. “En su caso concreto y al igual que el resto de adjudicatarios de las ayudas, comenzó las obras en el verano de dicho año, con un plazo de ejecución de un mes”, explicó Chamizo. El Consistorio abonó un 50% de la subvención en octubre de ese ejercicio. Un pago que ya supuso un “retraso”, según la institución regional.
“Pero del otro 50 %, y a pesar del tiempo transcurrido desde que les dijeron que se lo iban a abonar, a finales del año 2011, no conocían cuándo iba a ocurrir pues el Ayuntamiento les decía que era competencia de la Consejería actual de Fomento y Vivienda”, apostillan desde el Defensor del Pueblo.
Ante esta situación de inseguridad administrativa, los reclamantes tramitaron una queja ante Chamizo. Éste, tras escuchar a las partes, instó a la Junta a “informar” a los perjudicados por el retraso de las prestaciones. “Indicándoles que la que la causa de que no se haya procedido al abono efectivo de la subvención, a la que tienen derecho, no es otra que la falta de liquidez de la Administración Autonómica. Con ello, si bien no se resuelve el problema de fondo, al menos, se les da seguridad jurídica sobre el estado de tramitación de su expediente”, concluyó la institución andaluza.
Según expuso el Defensor del Pueblo, un vecino de dicha localidad detalló que el Ayuntamiento informó en 2011 que les habían concedido las prestaciones derivadas del plan de Rehabilitación de Viviviendas. “En su caso concreto y al igual que el resto de adjudicatarios de las ayudas, comenzó las obras en el verano de dicho año, con un plazo de ejecución de un mes”, explicó Chamizo. El Consistorio abonó un 50% de la subvención en octubre de ese ejercicio. Un pago que ya supuso un “retraso”, según la institución regional.
“Pero del otro 50 %, y a pesar del tiempo transcurrido desde que les dijeron que se lo iban a abonar, a finales del año 2011, no conocían cuándo iba a ocurrir pues el Ayuntamiento les decía que era competencia de la Consejería actual de Fomento y Vivienda”, apostillan desde el Defensor del Pueblo.
Ante esta situación de inseguridad administrativa, los reclamantes tramitaron una queja ante Chamizo. Éste, tras escuchar a las partes, instó a la Junta a “informar” a los perjudicados por el retraso de las prestaciones. “Indicándoles que la que la causa de que no se haya procedido al abono efectivo de la subvención, a la que tienen derecho, no es otra que la falta de liquidez de la Administración Autonómica. Con ello, si bien no se resuelve el problema de fondo, al menos, se les da seguridad jurídica sobre el estado de tramitación de su expediente”, concluyó la institución andaluza.
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