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viernes, 2 de noviembre de 2012

Multada por colocar un rótulo en la Constitución

La Gerencia de Urbanismo impuso por tercera vez una multa de 600 euros a una empresa que ha colocado un rótulo sin licencia en el número 9 de la avenida de la Constitución. Según recoge el dictamen del Ayuntamiento de Sevilla, el cartel presenta unas medidas de tres metros de largo; 0,60 metros de ancho; y 0,15 metros de grosor.

Un conflicto que se prolonga desde hace tiempo. De hecho, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ya instó en junio de 2009 a la compañía a retirar la instalación publicitaria por carecer del pertinente permiso. Posteriormente, en sucesivas inspecciones, los técnicos municipales comprobaron la continuidad del panel informativo. Y, por ello, el Consistorio dio luz verde a las tres sanciones.

Unas multas que proseguirán si la empresa no retira el cartel. “El incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas sanciones coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas y, en toco caso y como mínimo, de 600 euros”, señalaron desde la administración municipal.

miércoles, 17 de octubre de 2012

Ordenan la retirada de la publicidad de un chatarrero

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ordenó la legalización o inmediata retirada de un cartel publicitario ubicado en la carretera de Mairena del Alcor, frente al polígono industrial de El Chaparral, donde se anuncia un chatarrero al por menor. El organismo consistorial publicó hoy en el BOP dicha decisión, tras resultar infructuoso el intento de notificación personal al interesado, R. P. F.

La administración local, en una resolución del pasado 7 de septiembre, determinó que la instalación publicitaria carece de licencia. Una situación comprobada por un técnico municipal, que acudió al enclave a inicios de 2011 para revisar el estado del cartel (de dos metros de largo por dos de ancho, y colocado sobre dos soportes metálicos).

La Gerencia de Urbanismo requirió al interesado que proceda a la legalización de la valla en un plazo de dos meses; o, en el caso de que ese permiso sea denegado, adopte las medidas necesarias para retirar la instalación y devolver el enclave a su estado original. Además, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento prevé la imposición de “sucesivas multas por periodos mínimos de diez días, por una cuantía del 10% el valor de la instalación y un mínimo de 600 euros”.